El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana está a punto de sacar a licitación pública el Servicio de Vigilancia, socorrismo, salvamento y primeros auxilios en las playas turísticas del municipio para los próximos cuatro años por un importe cercano a los 5,5 millones de euros.

El nuevo contrato se contemporiza legalmente por dos años con un presupuesto base de licitación de algo más de 2,8 millones de euros, pero añade la posibilidad de establecer otros dos años de prórroga sujetos a una inflación interanual del 3%, por lo que el coste del servicio quedaría establecido en 5.437.721,36 € por cuatro años.

El nuevo pliego contractual de este servicio “supone un antes y un después por las medidas sociales pioneras que contiene, encaminadas a dignificar la importante labor que realizan los profesionales del socorrismo y salvamento en nuestras playas, valor fundamental que remarcamos por la importancia que tienen para todo el municipio”, afirma el concejal de Seguridad y Emergencias, José Carlos Álamo Ojeda.

Entre esas medidas novedosas, el sexto teniente de alcalde destaca el importante incremento del cuadro salarial, por encima del convenio, de aproximadamente el 30%, con subidas anuales de entre el 2,2 y el 3%; el abono del plus de transporte de 2,8 euros al día; el abono de las nóminas como motivo condicionante de rescisión; el establecimiento de cursos de formación especializada para la actualización técnica permanente del personal y, entre otras, “el establecimiento de un clima laboral que contemple los permisos retribuidos y la conciliación familiar que terminarán por redundar en una optimización de los servicios”. El aumento de los costes del personal, incluyendo la Seguridad Social, se fija en 224.850,15 € y los pluses de transporte en 24.897,60 €.

El pliego también exige que la nueva contrata se subrogue con un coste de 747.079,55 € los 36 trabajadores que actualmente prestan este servicio de vigilancia y socorrismo (24 socorristas, 3 patrones de embarcación, 3 responsables del servicio, 2 conductores, 1 coordinador y 3 técnicos en emergencias sanitarias).

El objeto del contrato es que las playas de Las Meloneras, Maspalomas, Playa del Inglés, El Cochino, Las Burras y San Agustín, cuenten con un servicio de vigilancia, socorrismo y salvamento de 8 horas diarias, todos los días del año, desde las 10.00 hasta las 18.00 horas. Para eso se establece que la plantilla profesional debe cumplir 63.072 horas anuales.

12 drones

Para la prestación del servicio también se exige a la contrata una inversión total de 734.300 € en medios materiales, entre los que se incluyen para su mejora y modernización la adquisición de 12 drones para la vigilancia aérea, dos vehículos 4x4, dos coches camilla, 6 motos de agua, una ambulancia, cuatro quads, material médico, aseos químicos, y banderas y boyas, entre otros. Además, para la uniformidad del personal del servicio se estipula una inversión de cerca de 7.800 euros en bañadores, camisetas, gafas de sol, gorras, calzado y crema solar.

La contrata del actual servicio de vigilancia, socorrismo y salvamento en las playas de San Bartolomé de Tirajana está vencido desde el 2017. Aquel año se preparó un nuevo pliego de prescripciones técnicas con las nuevas mejoras y la cuantía económica necesaria para su licitación, pero quedó paralizada por la entrada en vigor del decreto del Gobierno de Canarias que regulaba las medidas de aplicación de las normas e instrucciones para la seguridad humana y la coordinación de las emergencias ordinarias y de protección civil en las playas y otras zonas de baño marítimas de esta comunidad autónoma.

“Aquel expediente de licitación se paralizó para tratar de adaptarlo a los requisitos que exigía el decreto del Gobierno canario, pero durante la legislatura pasada, del 2019 al 2023, no se movió ni un sólo papel en relación a la nueva contratación del servicio, generando la actual situación de precariedad del mismo y, además, con un estado lamentable de sus instalaciones e infraestructuras por su nulo mantenimiento. El expediente para la nueva licitación se retomó el pasado mes de junio, y ha requerido reuniones periódicas y contar con la importante opinión de los conocedores del servicio y su problemática actual”, afirma José Carlos Álamo.